Cabe señalar que dicho cargo fue creado con el fin de que alguien desempeñara las funciones que ejercía Mariano Campos, quien durante varios años fue Gerente General de Lotería y al mismo tiempo estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva de las Finanzas Corporativas, dependiente del directorio de la UdeC.

En dicho puesto, Campos fue quien gestó la exitosa colocación de bonos de deuda de la Universidad de Concepción, lo que permitió rebajar los cuantiosos intereses que provenían de la deuda financiera de la corporación, pero el ejecutivo presentó su renuncia el 10 de enero de 2019, por desavenencias con la actual administración, creándose el cargo de “Gerente Corporativo de empresas y finanzas” y designándose para ello a Sepúlveda, a contar del 15 de enero de 2019, como consta también en la CMF.

De acuerdo con lo señalado en su momento por el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Miguel Quiroga, se trataba de un cargo que “no tan solo busca consolidar la gestión financiera corporativa, sino que poner mucho más atención y control en todas las empresas filiales”. Al mismo tiempo, señalaba Quiroga, “el nuevo gerente está trabajando estrechamente con los directores de la Corporación”.

Sin embargo, como consta en el hecho esencial, la salida de Sepúlveda fue definida por ese mismo cuerpo colegiado, luego de una sesión extraordinaria, efectuada el jueves 30 de enero del presente.

Cabe mencionar que una de las consecuencias de la llegada de Sepúlveda a la UdeC fue la renuncia de uno de los miembros del directorio, el exdecano y exvicerrector de Asuntos Económicos Alberto Larrain.

Este, en su carta de renuncia (del 27 de mayo de 2019) reclamaba no solo por el procedimiento que se había utilizado para contratar a Sepúlveda, sino que argumentaba también la existencia de informaciones periodísticas que hacían referencia a “serios tropiezos en su actividad laboral reciente”, refiriéndose a un reportaje de BioBiochile, que daba cuenta de irregularidades en Codelco, cuando Sepúlveda se desempeñaba allí.

De acuerdo con el informe emitido a la CMF, en remplazo del gerente saliente fue designado Gustavo Adolfo Lecaros Lorca, ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales, quien según su Linkedin, se desempeña actualmente como gerente de administración y finanzas corporativas de la empresa Ipal SA, una compañía que se dedica a producir alimentos.

De acuerdo con dicha información, la presentación en contra del gasoducto, cuyo propietario final es la empresa español Naturgy, obedece en que “a juicio del demandante, el grupo hispano ha obstaculizado y cerrado el acceso de un competidor nuevo -no relacionado- en la actividad de provisión de gas natural a grandes clientes, pudiendo así mantenerse como único actor en la industria completa de gas natural en el mercado de Concepción metropolitano”.

Diario Financiero agrega que, en función de ello, se solicitó al Fiscal Nacional Económico que se inicie una investigación destinada a determinar si han existido infracciones a la libre competencia, “advirtiendo además que está en juego el precio final que pagan los usuarios finales por el combustible”.

La nota recuerda que la primera acción en esta batalla entre la empresa ligada a Juan Ignacio Ugarte y otros socios de GNL Talcahuano, partió con un recurso de protección interpuesto en junio pasado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, ante el desconocimiento de un certificado que permitía la conexión de la empresa al Gasoducto, el que databa de 2011. Ante ello, detalla el artículo, “Gasoducto del Pacífico respondió que no podía dar certezas absolutas de que la denunciante podría distribuir gas natural a través de sus instalaciones y que estaban las puertas abiertas para participar de un proceso de licitación abierta -llamado open season– para tener acceso a la red.

Frente a ello, dice el DF, GNL Talcahuano inició un nuevo recurso para evitar dicho proceso, alegando que en función de las condiciones establecidas para este, quedarían fuera, dado que no como tienen conexión no cuentan con volúmenes de transporte a firme, lo que era uno de los requisitos.

Así, la acción ante la FNE señala que la empresa recurrida “aparenta un acceso abierto, pero se lo cierra de hecho” y que existe “un manejo mañoso”.

En fallo pronunciado por  la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz Gajardo, María Eugenia Sandoval Gouet, Carlos Aránguiz Zuñiga,  Jorge Dahm  Oyarzún y  Arturo Prado Puga- acogió la reclamación de la empresa  SCA Chile S.A  y aplicó una multa a la empresa CMPC Tissue, que había sido absuelta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,  acogiendo la tesis de que esta última no solo organizó la colusión del papel sino que coaccionó y forzó a SCA Chile S.A a participar en el cartel.

La sentencia establece que:  “en ese entendido, el mérito de los antecedentes aparejados al proceso permite concluir que las amenazas efectuadas por CMPC resultan ser, en efecto, injustas, graves y determinantes. Así, es posible tener por demostrado que, mediante las intimaciones y apremios que CMPC efectuó en la especie, advirtió a Pisa ( antecesora de SCA Chile S.SA)  que, de no acatar sus predicamentos, la expulsaría del mercado, siendo del caso destacar que, como ya se dijo, dicha admonición provenía de la empresa líder y de mayor participación, con mucha diferencia, en el mercado de que se trata, de lo que se sigue que ese ultimátum revestía, como es evidente, caracteres de verosimilitud tales que la empresa menor, esto es, PISA, no pudo menos que verse enfrentada a un temor racional y fundado de que, llegado el caso, la empresa dominante cumpliera su amenaza y, efectivamente, le impidiera seguir interviniendo en el mercado de que se trata, generando su extinción comercial”.

Gonzalo de la Carrera tuiteó al respecto: “ahora: en la catedral de Santiago una especie de ajusticiamiento…Qué horror!!! Esto me produce #Rechazo #YoVotoRechazo”, agregó, poniendo hashtags que obviamente no tienen nada que ver con el presunto secuestro, sino que aparentemente intentan asociar dicha supuesta acción delictiva, con un el plebiscito del 26 de abril.

Alguien solo identificado como “Descriterio” dijo: “Ajusticiamiento en la Catedral de Santiago. Llegó el momento de detener esto” y “Chilote” agregó: “Urgente ahora. Los orcos del PC y el FA secuestran al cura mientras hacía misa”.

Como sea, la iglesia de Santiago salió ayer sábado a desmentir el video, señalando que “se trató de un montaje para generar impacto en las redes sociales. Ocurrió cerca de las 18 horas de ayer. Ningún sacerdote ni fiel en el templo resultó lastimado, aunque generó preocupación y temor entre los transeúntes”.

Por cierto, hasta el momento no se sabe si este hecho, que ocurrió en forma bastante coetánea con el incendio que afectó a la Iglesia de Carabineros, en la calle del mismo nombre, fue efectivamente un montaje destinado a acusar a grupos de izquierda de atentar contra templos católicos, o si, como han sugerido varias personas en redes sociales, fue una acción de arte, destinada a efectuar alguna extrañísima crítica a la Iglesia Católica.

Mira aquí el video:

Texto publicado originalmente en www.chequeando.cl

Ese día, el médico expuso ante la comisión especial que investiga la contaminación en Coronel, provocada fundamentalmente por asbesto y otros elementos, entre ellos metales pesados.

Ante ello, el facultativo explicó que efectuó un estudio en la zona de la Central termoeléctrica Bocamina y fue tajante en señalar que allí, “el principal agente contaminante es el asbesto”, agregando que además existen, en el ambiente, arsénico, níquel, mercurio, cadmio, material particulado, dióxido de azufre, benzopireno, hidrocarburos, dioxinas, furanos, plomo y PBC (policlorobifenilos).

Sobre el asbesto, explicó que “son fibras de un material complejo y la toxicidad es resistente a los ácidos, no se degrada. Son microagujas y producen irritación cuando entran al tejido humano. Entonces, cuando entra en el pulmón queda enclavado en los bronquios y en los alveolos. Lo que queda en los bronquios puede producir en el largo plazo, meses o años, cáncer broncopulmonar”.

Asimismo, detalló que “los que quedan en los alveolos pasan por estos al espacio intercelular y son captados por una célula, que son los macrófagos, que se las comen para destruirlos, pero como es indestruible, lo que pueden hacer estas células macrófagos es tratar de sacarlas del pulmón, migran y salen al espacio que queda entre las dos pleuras. En ese lugar, esas agujas pueden clavar las pleuras y forman cáncer de las células pleurales, que se llama mesotelioma, que es un cáncer muy maligno, a diferencia del cáncer broncopulmonar, que tiene muchas otras causas”, explicando así que el mesotelioma solo aparece debido al asbesto.

Cabe recordar que justamente esta comisión investigadora se constituyó a consecuencias de las denuncias formuladas por ex trabajadores de la eléctrica, quienes dijeron haber presenciado como se sepultó asbesto en el lugar donde se construyó la central Bocamina 2 y también en la laguna Quiñenco, que abastece de agua potable a parte de la población coronelina, todo lo cual llevó a la creación de la organización Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA).

Los otros contaminantes

Según recordó Tchernichtin, el Instituto de Salud Pública (ISP) ha encontrado en los niños de Coronel metales pesados como el arsénico, el mercurio, el níquel y el cadmnio, pero dijo que las preguntas fundamentales que es necesario formularse son tres: dónde se guardan los residuos de la combustión, donde se guardan los aceites de enfriamiento que se utilizan en los procesos y, por cierto, donde se ha guardado el asbesto.

Respecto de esto último, señaló haber recibido varias informaciones que indican que “lo han guardado en varios lugares”.

En cuando a la ceniza, explicó que el principal sitio de almacenaje es conocido: “está en un campo abierto, un gran cerro de cenizas que el viento saca de ahí. Está cubierto parcialmente con lona, pero de todas maneras eso está contaminando, desde ahí, los lugares cercanos”, refiriéndose al vertedero de cenizas de ENEL ubicado entre Lo Rojas y Schwager, el cual fue clausurado en abril de este año por el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, acto que solo unos días después fue dejado sin efecto por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Según su relato, fue a ver el vertedero con fin de tomar muestras, pero era imposible, pues estaba todo cerrado, con guardias que no permitían el acceso. Sin embargo, “hace un rato había entrado un camión y cuando entra un camión con cenizas, ellos tienen que hacer el lavado del mismo en la entrada -eso está en el informe que ellos levantan- y, por lo tanto, el agua del lavado con el material particulado salía para afuera. Entonces, en forma legal, mirando a los guardias, recogimos ese barro que salía fuera del recinto y medimos lo que había”.

Por supuesto, no hubo muchas sorpresas en los resultados: “mucho arsénico”, zinc, plomo, hierro, aluminio, etc.

Al respecto, el especialista explicó a los diputados que a corto plazo el material particulado puede producir problemas cardiovasculares e incluso la muerte, pero también produce efectos “diferidos”: cáncer, asbestosis, mutaciones, malformaciones fetales e imprinting, agregando que además todo el catálogo de cánceres, quizá “el efecto más grave es el imprinting, que es un cambio de programa de las células”.

Cabe señalar que recientemente el gobierno dio a conocer su plan de descarbonización de la matriz productiva del país, adelantando el cierre de varias plantas termoeléctricas que funcionan a carbón, pero Bocamina no se encuentra entre ellas.

Así consta en el acta del cabildo abierto, que señala textualmente (lo traducimos a español moderno): “oído el Procurador General, que con la mayor energía expuso las decisiones legales y que a este pueblo asistía las mismas prerrogativas y derechos que a los de España para fijar un gobierno igual”… “a ejemplo de lo que hizo el Señor Gobernador de Cadiz;  (que) depositó toda su autoridad en el Pueblo para que acordase el Gobierno más digno de su confianza y más a propósito a la observancia de las Leyes y conservación de estos dominios a su legítimo Dueño y desgraciado Monarca el Señor Don Fernando Séptimo”.

El documento señala igualmente que luego de electos los integrantes de la junta de gobierno en Chile, juraron “defender este reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al Señor Don Fernando Séptimo y reconocer el Supremo Concejo de Regencia”.

Finalmente, “todos los  cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos, y vecinos  juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre del Señor Don Fernando Séptimo, a quien estará siempre sujeta, conservando las autoridades constituidas, y (dejando a los) empleados en sus respectivos destinos”.

¿Independencia?

La real proclamación de independencia de Chile, no obstante, se concretó casi ocho años más tarde, en Concepción y de ello también quedó constancia en actas, como corresponde.  Y ojo con lo que dice allí Bernardo O’Higgins: “estaba reservado el siglo 19 el oír a la América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el periodo de su sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad. La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos designios”.

Más adelante, señalaba que  tras los abusos cometidos por España durante la guerra, “este último desengaño les ha inspirado naturalmente la resolución de separarse para siempre de la Monarquía Española, y proclamar su INDEPENDENCIA a la faz del mundo”.

Terminaba diciendo: “Firmada en el Palacio Directorial de Concepción a 1 de enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la nación y refrendada por nuestros Ministros y Secretarios de Estados, en los Departamentos de Gobierno, Hacienda y Guerra, Bernardo O’Higgins, Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas, José Ignacio Zenteno”.

Se dice que esta acta se redactó en Talca, que es un borrador que nunca se firmó en Concepción o que en realidad se escribió mucho tiempo después, como sostiene el escritor Jorge Baradit, pero lo que es claro es que, más allá de la firma, a fines de 1817 don Bernardo se encontraba en el sitio de Morrillos de Perales (en Talcahuano) y que, tras terminar el asedio, el primer día de 1818, se dirigió a la Plaza de Concepción, donde proclamó la independencia de Chile, según los registros que existen, por lo que desde entonces es conocida como la Plaza Independencia.

Lo anterior fue refrendado por el propio O’Higgins en un documento suscrito ante un notario pocos días antes de su muerte en Lima, en 1842, donde escribió de su puño y letra que “en primero de enero de 1818, como órgano de la voluntad nacional, declaré solemnemente la Independencia de Chile en la ciudad de Concepción”.

En todo caso, los historiadores penquistas sostienen que además de aquello, el acta sí se fimó en la zona. De acuerdo con el “Libro de Oro de Concepción”, del destacado Carlos Oliver Schneider, el documento se había firmado sobre un tambor en las alturas de los Morrillos de Perales, con la intención de arrojarla a las huestes realistas que invadían, a los ojos de O’Higgins, lo que ahora era un estado soberano.

Sin embargo, ello no se llevó a cabo y posteriormente se realizó la ceremonia en la Plaza de Concepción, donde además de la alocución de O’Higgins, hubo un acto en el cual estuvieron presentes los miembros del Tercer Batallón de Infantería de Arauco, y una misa a cargo del presbítero José Ignacio Cienfuegos.

Después, se instalaron mesas en la plaza y se los presentes se zamparon cuatro lechones que, antes de ser degustados, fueron bautizados con los nombres de los jefes del Ejército realista.

Por cierto: del acta solo nos quedan copias. El original se encontraba en el Palacio de La Moneda, desde donde desapareció el 11 de septiembre de 1973.

Texto originalmente publicado en w5.cl

La salida del ejecutivo, como informó Sinetiqueta, se produjo luego de que se conociera la profundización de las pérdidas que enfrenta la compañía, como consecuencias del atraso en las obras que ejecuta en el puerto de Huasco, pero también por todos los problemas que se han derivado del estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado.

De Andraca Adriasola es hijo de Roberto de Andraca Barbás, quien lideró el holding hasta 2017.

El nuevo presidente, quien ejercía como vicepresidente del directorio de la Siderúrgica hasta la semana pasada, estudió ingeniería comercial en la Usach y luego hizo un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue vicepresidente de JP Morgan Chase, vicepresidente del Citibanck Chile y gerente internacional de Euroamerica. Se incorporó a CAP en 2006, como vicepresidente de desarrollo de negocios, y era integrante del directorio desde el retiro de su padre.

Vías Chile, a su vez, tiene como su principal controlador a Abertis, empresa ibérica del rubro de las autopistas y los estacionamientos, y que actualmente es propiedad de la familia Benetton y de la empresa española ACS(Actividades de Construcción y Servicios SA), una de las 500 empresas más grandes del mundo.

El 13% de ACS pertenece al español Florentino Pérez, de 72 años, quien posee una fortuna personal estimada en 2.2 billones de dólares y además es dueño de una cantidad indeterminada de acciones del club de fútbol Real Madrid, del cual es presidente desde el año 2000 (aunque no ejerció como tal entre 2007 y 2009), cuyo valor se estima en otros 3.6 billones de dólares.

Hombre de derecha y cercano a Mariano Rajoy, Pérez estuvo implicado en una investigación parlamentaria relativa a los pagos ilegales de campañas en favor del Partido Popular, pero dicha indagatoria no concluyó y se cerró antes de que él  y otros implicados pudieran declarar ante el congreso.

Además de una serie de escándalos vinculados al fútbol, Pérez ha sido acusado en España de una serie de malas prácticas empresariales, entre las cuales se cuentan el pago de coimas en Cataluña, para obtener contratos; el escándalo por la construcción del almacén de gas subterráneo Castory un largo historial por infracciones a las leyes anticolusión, que incluyen una sanción de 118 millones de euros en contra de 15 empresas(entre ellas ACS), debido a una serie de infracciones cometidas en la construcción de líneas de trenes de alta velocidad en España, incluyendo cuatro filiales de ACS, entre ellas la empresa de montajes Cobra (que también opera en Chile), condenada a pagar 27.2 millones.

Sumando ese dinero, con el que debieron pagar otras tres empresas propiedad de ACS, el total de la multa para el holding de Pérez fue de 51 millones de euros, la mayor cantidad pagada por una sola empresa en España por este motivo.

ACS posee una gran cantidad de inversiones en América, sobre todo en los rubros de la construcción, energía y transportes. En 2016 se adjudicó un contrato por 683 millones de dólares para unir la bahía de Chesapeake con un túnel submarino de dos kilómetros, por medio de su empresa Dragados USA, y a inicios de este año, junto a otras compañías, consiguió el mayor contrato de obras públicas jamás realizado en el Estado de Virginia, para construir un complejo de carreteras, como continuación del proyecto anterior, por un valor de tres mil millones de dólares.

En Argentina, en tanto, es conocida la amistad de Pérez con el expresidente Mauricio Macri, debido a la participación de ambos en el negocio de las autopistas urbanas.

Fotografía: www.vice.com

La queja es constante y, de hecho, han existido muchas campañas muy fuertes en contra del cobro por el estacionamiento, al punto que incluso existen páginas de Facebook dedicadas a ello.

Sin embargo, estacionarse allí cuesta 300 pesos la primera hora (dado que dan media hora liberada), lo que contrasta fuertemente con lo que cuesta alguno de los 791 estacionamientos subterráneos concesionados por el municipio de Concepción a la empresa española Saba y cuyos accesos hoy se encuentran vandalizados, como evidencia la foto: 2.500 pesos la hora, casi el doble de lo que vale estacionarse en alguna de las calles donde aún existen estacionamientos, como Castellón, Colo Colo, Aníbal Pinto, Caupolicán o Rengo, entre otras.

Los estacionamientos de mall Plaza también operan bajo una concesión, que en este caso posee la empresa Centralparking  System Chile SA, la cual opera estacionamientos en todo el país y cuyo dueño principal es Juan Luis Guzmán Molinari, un empresario que fue ministro de Educación de Augusto Pinochet y al cual El Mostrador describía como cercano a Laurence Golborne, cuñado del exdiputado Julio Dittborn y expresidente del directorio de SQM, al cual renunció en 2016.

Saba Park Chile S.A.,en tanto, es una empresa de capitales españoles, una vez más, que maneja 15 estacionamientos concesionados en Concepción, Santiago y Valparaíso, incluyendo además el siempre repleto y carísimo estacionamiento del aeropuerto Pudahuel. Hay que decir, además, que si bien en Valparaíso y Concepción el valor de la hora es de 2.500 pesos, en todos los estacionamientos de Santiago es de 2.800. El total de estacionamientos que Saba posee en Chile es de 30.081. Además, tiene estacionamientos en Reino Unido, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Portugal, España e Italia.

La empresa Saba Park Chile es, a su vez, propiedad de otra compañía de nombre semejante, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): “Saba estacionamientos de Chile”, la que a su vez pertenece a Saba Europa, cuya sede principal está en Barcelona. Saba, a su vez, es propiedad en un 99.5% de Criteria Caixa, un fondo de inversiones que mantiene el banco La Caixa.

Pese a que el año pasado se hizo por primera vez un reparto de utilidades para los accionistas menores de Saba, quienes recibieron un total de 8.3 millones de euros, Criteria está buscando actualmente vender la mayoría de Saba, cuyo valor está tasado en unos 900 millones de euros.

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De acuerdo con las cifras analizadas por el matutino santiaguino, la institución de educación superior con mejores resultados del ejercicio 2018 fue el Instituto Profesional DuocUC, con 38.287 millones de pesos. En segundo lugar del sistema, y en primer lugar de las universidades, se situó la Universidad Andrés Bello, con 25.752 millones.

El tercer lugar fue del Centro de Formación Técnica Inacap, con 20.593 millones, y el cuarto lo obtuvo el Instituto Profesional AIEP, con 19.844 millones.

La Universidad de Concepción figura en el quinto lugar general y segundo a nivel de universidades, con 19.243 millones. Mucho más atrás le siguen la Universidad Autónoma, con 10. 861 millones, la PUCV, con 8.343 millones, la San Sebastián, con 7.917 millones, y la PUC, con 7.915 millones.

Cerca de ella anda la Universidad del Desarrollo, que cerró 2018 con un resultado de 7.106 millones de pesos.

A nivel regional, le siguen en resultados positivos la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con 3.384 pesos, y la Universidad del Bío Bío, con 1.203 millones. Sin embargo, la Universidad Técnica Federico Santa María terminó el ejercicio con cifras negativas: menos 1.331 millones.

Según el mismo diario, las universidades con peores resultados en 2018 fueron las de Los Andes (-10.965 millones de pesos), Las Américas (-5.017 millones), Gabriela Mistral (-2.997 millones), De Atacama (-2.769 millones), Magallanes (-1.678 millones), Ucinf (-1.345 millones) e Inacap (-1.344 millones).