Hasta el organismo persecutor de los monopolios y colusiones, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) llegó el conflicto por el gas en la Región del Bío Bío, según informó el lunes pasado Diario Financiero, medio que asevera haber tenido acceso a la acusación presentada por la empresa GNL Talcahuano en contra de la empresa Gasoducto del Pacífico.
De acuerdo con dicha información, la presentación en contra del gasoducto, cuyo propietario final es la empresa español Naturgy, obedece en que “a juicio del demandante, el grupo hispano ha obstaculizado y cerrado el acceso de un competidor nuevo -no relacionado- en la actividad de provisión de gas natural a grandes clientes, pudiendo así mantenerse como único actor en la industria completa de gas natural en el mercado de Concepción metropolitano”.
Diario Financiero agrega que, en función de ello, se solicitó al Fiscal Nacional Económico que se inicie una investigación destinada a determinar si han existido infracciones a la libre competencia, “advirtiendo además que está en juego el precio final que pagan los usuarios finales por el combustible”.
La nota recuerda que la primera acción en esta batalla entre la empresa ligada a Juan Ignacio Ugarte y otros socios de GNL Talcahuano, partió con un recurso de protección interpuesto en junio pasado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, ante el desconocimiento de un certificado que permitía la conexión de la empresa al Gasoducto, el que databa de 2011. Ante ello, detalla el artículo, “Gasoducto del Pacífico respondió que no podía dar certezas absolutas de que la denunciante podría distribuir gas natural a través de sus instalaciones y que estaban las puertas abiertas para participar de un proceso de licitación abierta -llamado open season– para tener acceso a la red.
Frente a ello, dice el DF, GNL Talcahuano inició un nuevo recurso para evitar dicho proceso, alegando que en función de las condiciones establecidas para este, quedarían fuera, dado que no como tienen conexión no cuentan con volúmenes de transporte a firme, lo que era uno de los requisitos.
Así, la acción ante la FNE señala que la empresa recurrida “aparenta un acceso abierto, pero se lo cierra de hecho” y que existe “un manejo mañoso”.