Hasta hoy en día sigue impune el crimen del pintor Jorge Henríquez, asesinado por un comando de Patria y Libertad del cual participaba Michael Townley, en medio de una operación comando, destinada a robar equipos con los cuales el gobierno de Allende interfería las ondas de Canal 5 en Concepción.
Ya eran cerca de las 12.30 horas del 20 de marzo de 1973, cuando Mario Henríquez González llegó hasta un pequeño departamento interior que había sido de su hermana Irma, ubicado en la esquina de calles Freire y Lincoyán. Irma había fallecido hacía poco y la dueña del inmueble, donde también se ubicaba la Dirección de Servicios Eléctricos y varias otras viviendas, quería expulsarlos de allí, por lo cual, con su hermano Jorge, de 33 años, se estaban turnando para ir a dormir al lugar.
Sin embargo, apenas entró, se encontró con el cadáver de su hermano, quien yacía en el suelo de su habitación, semidesnudo y amordazado con vendas y tela adhesiva, mientras que sus extremidades estaban atadas a la espalda con una cuerda de 10 hebras de 4 mm de grosor, que amarraba las manos y los pies. El cuerpo se encontraba en calzoncillos y camiseta, algo amoratado, pero no presentaba lesiones externas.
Atónito, corrió a avisar a Carabineros. Luego llegó la Brigada de Homicidios de Concepción, la que perició el cadáver. La conclusión fue unívoca. El nudo tipo marinero había sido ejecutado por un profesional.
A la policía no se le pasó por alto que el lugar donde se había cometido el crimen era un departamento contiguo a la antigua Dirección Zonal de Servicios Eléctricos, desde la cual, la jornada anterior, habían sido sustraídos un ondámetro y un oscilómetro, todo lo cual dejaría al descubierto una intrincada trama que recorría al grupo extremista Patria y Libertad, a Canal 13 y su director, el cura Raúl Hasbún, al naciente Canal 5 de Concepción y a un nombre que ingresaría al panteón de la ignominia nacional: Michael Townley.
Poco después, en su declaración judicial, Mario Henríquez explicó que pese a que el occiso vivía con su esposa en calle Las Heras, se encontraba cuidado el departamento de calle Freire, por la razones ya explicadas, y agregó que pese a que a su hermano le interesaba poco la política, sentía simpatía por el Partido Nacional.
La dirección
Hacía poco que Canal 5 de Concepción, estación filial del Canal 13 de Santiago, había comenzado sus transmisiones en la zona, sin contar con las autorizaciones gubernamentales respectivas (pues, en la versión del canal, el gobierno de Salvador Allende se negaba a otorgárselas, dado que era un medio de oposición, dirigido, como se señala arriba, por el sacerdote Raúl Hasbún).
Ante ello, la señal de Canal 5 comenzó a ser intervenida, especialmente a a hora de las noticias, cuando se convertía en un montón de rayas y ruido en la pantalla, lo que convenció a Hasbún y a los ejecutivos de la estación en Concepción, de que la señal era objeto de interferencias gubernamentales.
¿Con qué se podía intervenir una señal de televisión por aquellos años? Con dos aparatos: un ondámetro y un oscilómetro, iguales a los robados desde la Dirección de Servicios Eléctricos, a la cual se accedía por calle Lincoyán número 595 (había otra entrada al caserón, por Freire 382). Tal como observó la policía, quienes robaron los equipos que perjudicaban a Canal 5, con toda seguridad los autores del homicidio, contaban con una llave del inmueble, pues no habían forzado las chapas en las puertas de acceso desde la calle.
En función de ello, cerca de las diez horas del 25 de marzo fueron detenidos y conducidos ante el magistrado del Primer Juzgado del Crimen de Concepción, Enrique Silva Segura, los dueños del lugar: el matrimonio compuesto por María Innés Fuller Brain y Genaro Padilla Padilla. También fue arrestado el Gerente de canal 5, el locutor Carlos de la Sotta Ibacache.
El misterioso “Juan X” y el mensaje secreto
En la segunda declaración que prestó a la policía, luego de que inicialmente alegara total inocencia, Carlos de la Sotta recordó varios detalles que había olvidado inicialmente: “El viernes 8 del presente viajé a Santiago en avión LAN y concurrí al Canal 13 de Televisión. Después de haber sostenido algunas reuniones y entrevistas, a la salida del canal fui abordado por la Secretaria de la Dirección de dicho organismo, Srta. Carmen, quien dirigiéndose a mí, me hizo saber que tenía que cumplir yo una misión confidencial”. La tal “Srta. Carmen” era nada más ni nada menos que Carmen Abugarade Hasbún, secretaria y sobrina del Raúl Hasbún, entonces director ejecutivo de Canal 13.
Según explicó De la Sotta, Abugarade le dijo que el 13 de marzo, a partir de las 17.30, recibiría un llamado de alguien, que se identifica en el expediente judicial como “Juan X”, quien confirmaría su identidad con una especie de clave que parece copiada de un película de espías, pues apenas lo llamara, De la Sotta debía darle “el número de una página del diario El Sur del día 13 de marzo”.
A cambio de ello, “Juan X” debía decirle la primera palabra de la primera columna de la página señalada.
“Juan X” no llamó el 13, pero sí lo hizo al día siguiente.
—Fue así como en la tarde del día 14 me llamó una persona que se identificó como “Juan X”. Cumpliendo con la clave indicada, le señalé a este la página número ocho y este a su vez me señaló “Idiem” —relató el ejecutivo, según el cual “Juan X” era un técnico que venía desde Santiago a efectuar mediciones, con el fin de averiguar la fuente de las interferencias, para lo cual se reunieron afuera del arzobispado, en calle Caupolicán.
Así, De la Sotta le indicó que según un empleado del canal, David Peña Jiménez, la interferencia provenía desde la esquina de Lincoyán con Freire. Igual que Henríquez, Peña vivía en uno de los departamentos en que se subdividía el lnmueble.
De ese modo, el 16 de marzo, cerca de las 18 horas, Carlos de la Sotta conversó con María Inés Fuller Brain, hija de la dueña del lugar, a quien pidió autorización para entrar a Freire 382, con el fin de verificar si estaban allí los equipos que interferían las emisiones de Canal 5.
Por ello, dijo de la Sotta, entró al lugar y comprobó la existencia de una antena en el patio, conectada al ondámetro y al oscilómetro, que se encontraban al interior de la Dirección de Servicios Eléctricos, tras lo cual le pidió las llaves a María Inés Fuller, con el objeto de mandar unos ingenieros para “constatar materiales”, según dio eufemísticamente en sus declaraciones.
La dueña del inmueble accedió. Ese mismo día en la noche, de la Sotta mandó al auxiliar del canal, Jorge Segundo Melgarejo Rojas, de 21 años, a entregarle un papel escrito en una hoja de oficio y doblado.
Era un supuesto mensaje secreto, pero el muchacho no resistió la tentación de leer el contenido del papel, el que posteriormente recordaría que decía: “Por favor, si alguien le pregunta por mí, Ud. no me conoce, y dígale a las niñas que tampoco me conocen. Yo voy a decir lo mismo. Luego de que lo lea, ruego devolverlo. Gracias”. El curioso estafeta reconocería después, ante la justicia, que el texto “me puso cachudo”.
Ya con las llaves en las manos, “Juan X” citó a De la Sotta al hotel El Dorado. Mientras caminaba hacia allá, por Barros Arana, se encontró de frente con su misterioso interlocutor, quien le explicó que no pensaba esperarlo en dicho lugar, sino que solo había dicho aquello, por si estaban escuchando sus conversaciones telefónicas.
De la Sotta le entregó las llaves. Se reunieron al día siguiente, de nuevo, frente a las antiguas oficinas central de la UC, en Caupolicán con Barros, y “Juan X” le devolvió las llaves, las cuales el gerente del canal mandó a dejar donde Fuller con su indiscreto auxiliar que luego de ese mandado, diría al juez, que nuevamente había quedado “cachudo“.
Acto seguido, “Juan X” le dijo que necesitava ver la antena del canal, en Talcahuano, así es que partieron hacia allá en dos autos. De la Sotta iba en el suyo, y “Juan X” viajaba en una renoleta color beige. Fue en ese momento, dijo De la Sotta, cuando se percató que su nuevo amigo “andaba acompañado de otras dos personas”.
Según su descripción, “Juan X” era “un tipo alto, rubio, que tenía un acento de inglés o alemán para hablar”.
En su defensa, dijo al juez Segura que solo había seguido instrucciones de sus jefes y que si alguien sabía la identidad real de “Juan X” y sus acompañantes debía de ser la secretaria del cura Hasbún.
El 29 de marzo prestó declaraciones Raúl Hasbún, director de canal 13. Lo hizo de forma voluntaria, sin estar citado a declarar, y señaló a la prensa que su “único interés es ayudar al ministro en todo lo que esté a mi alcance en lo que se refiere a su labor”.
En menos de una semana, la muerte del pintor y el robo en la Dirección de Servicios Eléctricos se había convertido en el peor quebradero de cabeza del gobierno. El escándalo amenazaba con salpicar a todo el mundo, porque nadie podía proclamarse “inocente”: ni el gobierno, que había actuado ilegalmente frente a una situación ilegal, ni la oposición, que operaba sin permisos un canal de televisión, ni la Iglesia Católica, que aparecía detrás de una operación comando en la cual había muerto una persona.
Juan se convierte en Michael
A esas alturas, en los medios penquistas circulaba toda serie de rumores en los que se señalaba que el caso estaba virtualmente aclarado, y que los autores de la “operación comando” que terminó con el asesinato del pintor ya estarían plenamente identificados. Se trataría de dos chilenos y un extranjero, a quien los medios comenzaron a llamar “Juan Domingo”, dado que así lo identificó De la Sotta en otra de sus declaraciones, quien habría actuado con dos personas más.
Hasta ese momento, la prensa tenía construida parte de la historia de los hechos. La sucesión de los hechos habría sido la siguiente, según el diario Crónica del miércoles 28 de marzo de 1973:
“los integrantes de la operación comando llegaron a Concepción sólo días antes de registrarse los hechos en la madrugada del lunes 19 de marzo en curso. Alrededor de las cuatro de la mañana, y tras haber recibido precisas instrucciones en torno a su misión (…) el comando ingresó sigilosamente al departamento que colinda por Freire, con las dependencias de la Dirección Zonal de Servicios Eléctricos. Pese a sus precauciones, los comisionados debieron haber provocado algún ruido que despertó al pintor Jorge Henríquez González, quien tuvo la mala ocurrencia de levantarse para saber lo que pasaba. Fue en ese instante cuando los intrusos se vieron en la obligación de sorprender al pintor, a quien cogieron rápidamente impidiéndole toda clase de movimiento, y procedieron a atarle(…). Mientras Jorge Henríquez González luchaba con desesperación por zafarse de sus ataduras, el ‘comando’ continuó su misión”.
De acuerdo con esta versión, eran tres los integrantes del grupo, los que “no tuvieron que emplear mucha fuerza para abrir la pequeña ventana que por el primer piso daba hacia las dependencias de la Dirección Zonal de Servicios Eléctricos, donde estaban instalados los equipos destinados a interferir las transmisiones normales del canal 5 de Televisión, por orden expresa del Ministerio de Justicia, del cual depende esa repartición fiscal”.
Así, según este medio, luego de sustraidos los artefactos, fueron lanzados a la bahía de San Vicente.
Aparece Patria y Libertad
Finalmente, la Corte de Apelaciones dejó en libertad a Carlos de la Sotta y María Inés Fuller, así como la esposo de este, y durante varios meses el caso pareció estancado. Sin embargo, el 8 de junio hubo un avance, cuando se detuvo en Santiago al ingeniero electrónico Rafael Undurraga Cruzat, quien había alojado en el hotel El Dorado de Concepción durante las fechas que se investigaban.
Undurraga fue interrogado durante ocho horas y, a la salida de tribunales, el magistrado reconoció que existían órdenes de detención, además, en contra del técnico electrónico Juan Gustavo Etchepare Olivares y de Michael Vernon Townley Welsh, militantes del grupo ultraderechista Patria y Libertad, a quienes atribuyó los roles de integrantes del comando que asaltó el inmueble de Freire 382. Respecto de Townley, en esos entonces un joven ciudadano norteamericano, el ministro estaba convencido de que era “Juan X” o “Juan Domingo”, o “Juan Manolo”, como también se había hecho llamar.
Se sabía que había estado en Concepción, además, por una llamada que había efectuado desde las antiguas oficinas de la Compañía Telefónica de Chile (CTC), a Santiago, las cuales se realizaban por medio de operadora (no, no existían teléfonos celulares, las llamadas de larga distancia eran caras y no se podían hacer en forma automática).
Así, quedó constancia de que había tratado de comunicarse con un número que no le respondió, el 254433, y que luego intentó con otro, donde sí le contestaron: el fono 232705 de Santiago.
El primero, decía la PDI en uno de sus informes, “figura en la Compañía de Teléfonos a nombre de ROBERTO THIEME SCHIERSAND”, mientras que el segundo era de “MIGUEL UBILLA TORREALBA”.
La policía agregaba que “ambas personas se desempeñan como Secretario Nacional y Tesorero Nacional del Frente Nacionalista Patria y Libertad”. Las líneas, sin embargo, no estaban en las casas de Thieme o Ubilla, sino en la sede central de Patria y Libertad en Santiago.
De hecho, Thieme llevaba un buen tiempo oficialmente muerto, pues en febrero de 1973 simuló que el avión que piloteaba rumbo a Concepción había caído al mar frente a Tomé. No obstante, se dirigió a Colonia Dignidad, donde le repintaron la nave y le pusieron matrículas argentinas. Así, Thieme se fue a ese país, clandestinamente, con el fin de instalar una escuela de instrucción paramilitar para su grupo, con la connivencia de la inteligencia militar transadina.
Regresemos a Concepción, donde hacia julio el ministro sumariante ya sabía que Townley se encontraba en Miami, lo que había conseguido saliendo del país “con documentación falsificada proporcionada por elementos vinculados al Frente Nacionalista Patria y Libertad”, según aseguraba la policía. Su esposa, la escritora Mariana Callejas, había partido a ese país a acompañarlo junto a sus dos hijos menores de edad, en un vuelo que había despegado el 6 de junio desde Pudahuel.
Mientras la justicia trataba de ubicar por todos lados a un tal “Miguel”, que se presumía había estado junto a Undurraga y Townley en Concepción, el ministro en visita tomó declaraciones a Milo Baigorri, un militante de Patria y Libertad, quien contó que desde enero de 1973 vivía en la casa del matrimonio Townley-Callejas.
Describió a Mariana Callejas como integrante del grupo de extrema derecha, aseverando que escribía artículos para la revista de ese movimiento, y que junto a ella y otras personas habían formado un grupo musical llamado “Los insurgentes”, con el cual creaban canciones antiallendistas, las cuales grababan en los estudios de Radio Agricultura.
—Mientras vivía en la casa de los Townley pude ver que concurrían a hablar con él altos jefes del movimiento de Patria y Libertad, como Pablo Rodríguez, Manuel Fuentes, Roberto Thieme, Clara Senerman, su marido Iván Foeldes. También vi allí a Manuel Katz, cuya mujer Blanca Masson es militante de Patria y Libertad y, en una oportunidad, a Manuel Undurraga —declaró Baigorri.
Luego, explicó que en octubre de 1972, durante el paro de los camioneros, Townley comenzó a armar una radio móvil, que confeccionó junto al técnico Gustavo Etchepare, y que consistía de un transmisor montado en un automóvil Austin Mini, desde el cual transmitían proclamas en contra de la Unidad Popular, bajo el nombre de “Radio Liberación”, con textos que eran confeccionados por el periodista Manuel Fuentes. Según el testigo, quienes financiaban dicha operación eran Clara Senerman y Thieme.
Cantando como pajarito
Baigorri fue excepcionalmente locuaz ante el juez, a quien confirmó que Townley había viajado en su Mini a Concepción y que había regresado el 17 o 18. También contribuyó a identificar al misterioso “Miguel” que buscaban: “el día 21 o 22 de marzo fue a visitarlo Miguel Sessa, miembro de Patria y Libertad. Sessa llegó cerca de las 23 horas y cuando lo hizo, Mike me hizo abandonar el living para que no me impusiera de lo que iban a hablar, según supongo. Después de esta visita noté que había operado en él un cambio bastante notorio, notándosele nervioso y preocupado. Me llamó la atención que haste ese entonces se habían comprado en la casa los diarios El Mercurio y Tribuna y, sin embargo, después de eso se compraban todos los diarios”, aunque luego se rectificó y dijo que eso se produjo inmediatamente después de que Townley regresara desde Concepción, por lo cual él pensaba que el objetivo de leer todo lo que se publicaba tenía como objetivo “imponerse con todo detalle de las noticias que estos traían sobre el problema relacionado con la sustracción de los equipos que interferían con las transmisiones de Canal 5”.
Dos días después de la visita de Sessa, contó Baigorri al ministro Ortiz, Townley decidió irse de Chile, y le comentó que él tenía que cambiarse de domicilio, también, aludiendo a que era un conocido militante de Patria y Libertad.
Sin embargo, Baigorri aseguró que eso no tenía lógica alguna y que, el problema de fondo es que Townley lo quería fuera de la casa porque él había empezado a pololear con la hija mayor de Callejas.
Ante ello, Baigorri apeló ante su suegra, quien le dijo que estaba equivocado y que “la verdadera causa de la actitud de Michael obedecía a que este había tenido participación en la operación que había culminado con la sustracción de equipos a la Dirección de Servicios Eléctricos”, agregando ella que, sin embargo, que la muerte de Henríquez se había producido porque le habían apretado mucho la mordaza, pero que los autores de ello pertenecían “a otro grupo o comando”, dando a entender que uno de los implicados en ello era Sessa, versión que nadie creyó mucho, pero que sostiene hasta hoy en día el periodista Manuel Fuentes, quien en su biografía (“Memorias secretas de Patria y Libertad”) asegura que, casi llorando, Townley le dijo que él no era el autor del homicidio, sino que este había sido cometido por el “Frente de Operaciones” de Patria y Libertad, encabezado por Sessa, quien había escapado a Argentina, donde se unió a Thieme.
Fuentes asegura también que, a diferencia de lo establecido en la autopsia, en orden a que la muerte de Henríquez se produjo por asfixia, como consecuencia de la sofocación que le provocó la venda sobre la boca, los miembros del comando inyectaron una dosis de Pentotal (el famoso “suero de la verdad”) a su víctima, dando a entender que falleció como consecuencia de aquello.
Sessa regresó a Chile poco después, en forma clandestina, pero nunca llegó a enfrentar a la justicia, pues el 22 de agosto de 1973 sufrió un accidente que le dejó internado en una clínica de Santiago, donde dejaría de existir en circunstancias poco claras. Undurraga, en tanto, fue posteriormente dejado en libertad.
El gringo
Townley no regresó desde Miami, donde se estableció junto a su esposa, hasta inicios de 1974. Hijo del gerente de la Ford en Chile, Michael Vernon Townley Welch llegó a fines de los años 50 a Santiago y tras egresar del colegio, a los 18 años, conoció a Mariana Callejas, 10 años mayor y con dos matrimonios fracasados a cuestas, con la cual se casó.
Acusado hasta su último día por Manuel Contreras de ser un agente de la CIA (lo que es falso, la CIA nunca lo aceptó), Townley y su esposa se integraron en 1974 a la DINA, y la casa que ocuparon, comprada con dinero de dicha policía represiva, se convirtió en el cuartel de la Brigada “Quetropillán”.
Allí, mientras Mariana invitaba al tercer piso a sus amigos escritores, Townley experimentaba en la primera planta junto a Eugenio Berríos en la fabricación de gas sarín y otros venenos. Allí mismo torturaron al diplomático español Carmelo Soria y allí armaron incontables bombas. Allí, también, se presume tuvieron a al menos dos personas que fueron secuestradas por la DINA, y allí también llegaban los terroristas de extrema derecha que iniciaron un joint venture con la DINA.
Por cierto, desde esa casa salieron varias veces a matar a otras partes del mundo. Lo lograron con Carlos Prats y su esposa y Orlando Letelier y su secretaria. Estuvieron implicados en el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, en Italia (que en sentido estricto fue ejecutado por sus amigos de ese país), pero fallaron en otros homicidios que les encargaron, entre ellos el de Patricio Aylwin.
El comienzo del fin
El crimen de Letelier fue el inicio del fin de Townley, de la DINA y de Manuel Contreras, quien aprendió del peor modo posible que no sale gratis ir a matar con una bomba a alguien a 15 cuadras de la Casa Blanca.
En medio de toda la presión de Estados Unidos por la entrega de los implicados en el crimen, Augusto Pinochet terminó sacando a Contreras de la dirección de la DINA, pero eso no calmó a la administración Carter, la que quería a los culpables, y el cerco empezó a cerrarse sobre Townley.
Asustado ante la posibilidad de pasar el resto de sus días en una prisión federal, un emisario de Pinochet le dijo que se quedara tranquilo, que nada pasaría y que, de hecho, debería pasar un tiempo preso… por el homicidio en Concepción. Mal que mal, existía una orden de detención pendiente en su contra. De ese modo, quedaba “blindado” ante cualquier petición extranjera, ya que la justicia local tiene preferencia frente a la foránea.
Confiado en eso, a inicios de 1978 se subió sin temores al auto policial en que le dijeron que sería trasladado al Primer Juzgado del Crimen penquista.
Sin embargo, no lo trajeron a Concepción, sino que lo subieron a un avión que lo llevó directo a Estados Unidos.
Así las cosas, ya en su país de origen, enfrentado a cargos gravísimos, negoció con los fiscales que lo investigaban: pasaría cuatro años preso y luego de eso se acogería al programa de protección federal de testigos (al cual pertenece hasta hoy en día), que le proveería de una nueva identidad.
Desde entonces no ha parado de hablar.
Según informó Radio Bío Bío, el último intento por abrir de nuevo la investigación por el crimen de Henríquez sae produjo en octubre de 2018, cuando el ministro especial para causas de Derechos Humanos de Bío Bío, Carlos Aldana, rechazó hacerse cargo del caso, debido a que él solo puede investigar hechos acaecidos desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.