El secreto de confesión nunca levantado en el caso Matute

Jorge Matute Johns desapareció la noche del 20 al 21 de noviembre de 1999 desde la discoteca “La Cucaracha”, camino a Carriel Sur.

(Opinión) En noviembre pasado se cumplieron 20 años de la desaparición de Jorge Matute Johns, uno de los casos policiales más intrincados que ha conocido Chile en los últimos decenios, y que sigue sin resolverse, sobreseído, mientras las miles y miles de fojas que forman el expediente duermen en una bodega desde hace un año exacto, pues el 30 de diciembre de 2018 la ministra en visita, Carola Rivas, determinó el sobreseimiento temporal del caso “hasta que se presenten nuevos y determinantes datos que permitan continuar con la investigación”.

En la misma resolución se lee que “si bien los antecedentes reunidos en la causa, consistentes en Informe Médico Legal y sus ampliaciones, peritajes evacuados y en sus complementos, unidos al análisis y conclusiones de los informes policiales, permiten establecer la existencia de un delito cometido en contra de Jorge Matute Johns, es lo que cierto que de las diligencias de investigaciones efectuadas no han surgido indicios que permitan determinar la participación de alguna persona en el mismo, en su calidad de autor, cómplice o encubridor”.

Hace pocos días el Vaticano dio un giro de muchos grados en lo que había sido su doctrina en cuanto a los delitos cometidos por sacerdotes en el ámbito sexual, eliminando el secreto pontificio que existía respecto de los expedientes canónicos que se llevaban al interior de la iglesia en los casos de abusos sexuales contra menores.

Por cierto, es un avance enorme en contra del secretismo que ha sido norma en los últimos años en los casos de delitos contra menores, lo que incluso llevó en su oportunidad al hoy suspendido Fiscal Regional de O’Higgins Emiliano Arias a conseguir órdenes de allanamiento en contra de diversos obispados y arzobispados (incluyendo el de Concepción) a fin de retirar material relativo a las indagaciones que encabezaba.

Sin embargo, sigue sin dictarse una excepción a la norma que rige el secreto canónico recibido en confesión, la cual es intransable a todo evento, incluso si esta eventualmente pudiere ayudar a resolver un delito tan grave como un homicidio, como el que se cometió en contra de Jorge Matute Johns.

Quizá sería tiempo ya de que el Vaticano, ese pequeño pero poderosísimo Estado que tiene intereses en todo el mundo, siguiera actualizándose y comenzara a estudiar la necesidad de ayudar a la justicia secular de mayor modo aún, abriendo la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, quienes recibieron un secreto de confesión tengan la posibilidad de al cooperar con las investigaciones penales.

El padre San Martín

Lo ocurrido en torno al exsacerdote agustino Andrés San Martín es una evidencia de la necesidad de una reforma en ese sentido. Conocí muy bien al padre Andrés, en la casa de María Teresa Johns, en la villa Spring Hill, de San Pedro. Como periodista, me tocó escribir la primera nota que se publicó acerca de la desaparición de su hijo y pasé mucho cubriendo todo lo relacionado al caso. Ello significaba ir periódicamente a conversar con ella o con su hijo Alex (que en aquel tiempo terminaba sus estudios de Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción) y siempre la mamá de “Coke”, como le decían a Jorge, invitaba a los recién llegados a conversar en una mesa que había en la cocina de la casa, donde siempre había gente.

Recuerdo que ahí fue cuando vi a Andrés San Martín por primera vez. Me lo presentaron, me explicaron que se trataba del párroco de la iglesia “El Buen Pastor”, situada al frente del Colegio Concepción de San Pedro, pero además tenía también a su cargo otra parroquia, situada en la población Candelaria, a la cual pertenecía jurisdiccionalmente la casa de los Matute.

La explicación de San Martín de por qué estaba allí fue que él se encontraba cumpliendo “una misión pastoral”, apoyando a la madre del joven desaparecido para que ella comenzara a asumir un largo y doloroso duelo (que  al día de hoy, aún no finaliza). De a poco, San Martín se fue convirtiendo en una persona de extrema confianza para ella y de ese modo fue enterándose de una infinidad de detalles e informaciones veladas para muchas personas, incluyendo a la prensa.

Sin embargo, todo indica que San Martín sabía mucho más de lo que podía decir pues en algún momento, aparentemente muy poco después de ocurrida la desaparición de Jorge Matute, alguien había llegado hasta su confesionario y le dijo lo que supuestamente habría sucedido esa noche en los estacionamientos de “La Cucaracha”, desde donde habría desaparecido “Coke”, ya fallecido.

Después de recibir dicha confesión, San Martín pidió una dispensa del secreto ante las autoridades eclesiásticas de Concepción y del país, recibiendo una respuesta negativa, pues según la Iglesia Católica el “sigilo de confesión” es un supuesto derecho divino, ante el cual el Código de Derecho Católico señala, en su canon 984, que el confesor “no puede hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de la revelación” y también que “no puede en modo alguno hacer uso, para el gobierno exterior, del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en cualquier momento”.

Traduzcamos: con lo de “gobierno exterior” el canon se refiere a la justicia civil. En otras palabras, no hay posibilidad alguna de que si un sacerdote se entera de un delito tan grave como un homicidio pueda aportar los antecedentes a la justicia, pues de lo contrario enfrenta la excomunión.

Ante ello, San Martín se dirigió al Vaticano, solicitando allá la dispensa. También le fue negada.

En febrero de 2003, con el secreto reverberándole en el cuerpo, no pudo más. En una misa que celebró en su iglesia el 24 de febrero, con motivo del que habría sido el cumpleaños 27 de Jorge, dijo que “me duele mi responsabilidad sacerdotal por guardar un secreto de confesión. Y eso en conciencia me obliga a no denunciar a aquellos que secuestraron un muerto”, agregando que los responsables de eran personas a quienes “todos conocemos y que mantienen el poder en este país”. Dirigiéndose a María Teresa Johns, señaló que “esos son los responsables que no le van a entregar a su hijo, porque han edificado, han elevado murallas y enterrado pilotes de corrupción”.

Luego de ello, San Martín fue citado varias veces por la justicia secular, ante la cual se excusó de prestar declaración.

La última vez que ello ocurrió, en 2014, ya retirado del sacerdocio, señaló que aunque lo dispensaran “en mi conciencia sigo siendo sacerdote. No puedo ni debo meterme en este caso”, aludiendo a la imposibilidad que él entiende pesa sobre él. Más de alguna vez le pregunté por qué, cuando ya había dejado de ser religioso, no declaraba lo que sabía, pero me respondió que era por un asunto de conciencia, de que él había recibido ese secreto bajo su condición de cura y que entendía que, para no faltar a su palabra, solo quien le había conferido esa potestad (la Iglesia Católica) podían levantarle ese peso. Es cierto que en las leyes chilenas también consagran el secreto profesional para los confesores, y que incluso existe un proyecto de Ley que busca cambiar esa figura, para evitar el encubrimiento de abusos sexuales infantiles por parte de religiosos, pero el problema de fondo es que para la mayoría de los sacerdotes locales la ye que “vale” es la del Vaticano,

No sabemos si lo que algún día San Martín escuchó pueda ser relevante para el caso. Tiendo a pensar que sí, pero la justicia chilena no tiene cómo confrontar esos datos y es por ello que quizá sea tiempo de que el Vaticano vaya reestudiando esta norma (como lo hizo con los abusos sexuales), cuyo único efecto práctico, en este caso, ha sido ayudar a que la impunidad dure ya 20 años.